La influencia de la legalidad penal en la construcción del moderno Derecho Penal es innegable y a ella se ha dedicado un esfuerzo dogmático y jurisprudencial descomunal. Tampoco puede negarse el valor intrínseco que tiene la legalidad penal, determinado por la función de garantía que está llamada a cumplir. En la fisonomía que los derechos nacionales continentales le confieren a la legalidad penal, esta garantiza que la responsabilidad penal solo puede ser impuesta, entre otros presupuestos, si se ha verificado la ejecución de una conducta que esté descrita en una ley parlamentaria como un delito. Asimismo, en virtud de tal responsabilidad solo puede imponerse la pena que también esté prevista en una ley parlamentaria. En suma, que solo la ley parlamentaria puede establecer los delitos y determinar las penas aplicables a ellos, lo que se expresa en el axioma nullum crimen nulla poena sine lege parlamentaria (scripta, praevia, estricta y certa).